Fuente: adslayuda
Según AETIC y demás asociaciones de fabricantes aseguran que el “daño” producido por sus actividades, crear y comercializar armas de piratería masiva, es de alrededor de 11 millones de euros, y están dispuestos a encarecer sus productos hasta alcanzar esta cantidad extra, que iría a parar a manos de la SGAE y esta sería la encargada de repartirla entre los artistas damnificados.
Según la SGAE y compañía, este calculo adolece de algunas pequeñas imprecisiones, redondeos y lagunas, y, en realidad, el total es de 2.000 millones, cifra que representa lo que nos apropiamos indebidamente al año, o dicho claramente, lo que la SGAE afirma que los internautas le robamos al año. Seguimos sin entender como puede ser posible que cometamos ese delito y no terminemos todos en la cárcel. Si es delito que se nos juzgue, si no le es… ¿qué narices vamos a pagar? O mejor dicho, recordemos que esto es solo una ampliación del canon que ya pagamos en otros artículos, como los CD y DVD grabables, ¿qué estamos pagando? ¿Un derecho de pernada mediante el cual ya sí podemos delinquir? Nos lo expliquen.
El caso es que alguna diferencia hay entre la apreciación de unos y de otros, y esta pequeña discrepancia en los montantes totales son lo que impidieron que llegaran a un acuerdo y que la pelota esté ahora en el alero del Gobierno. Los ministerios de Industria y de Cultura deberán ponerse de acuerdo. Industria apoya las cuentas de los fabricantes, en Cultura son más listos, y con más estudios de letras quizás, y sostienen que la verdad esta en los cálculos de la SGAE. Todo hace pensar que tampoco se pondrán de acuerdo.
Y cuando nadie sea capaz de acercar posturas, cuando cada cual siga sosteniendo lo suyo y ninguno lo del ciudadano, la última palabra la tendrá la vicepresidenta del Gobierno. Será María Teresa Fernández de la Vega la que decida e imponga. Será en breve.
Maritere, ¡Socorrooooo!
